El Gobierno prepara una ley para reformar y mejorar la formación de los docentes

FUENTE: Clarín

La presentarán el mes que viene en el Congreso. Es un problema histórico en el país, que impacta en la calidad educativa.

El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para reformar y mejorar la formación de los docentes. Lo presentará el mes que viene en el Congreso. Es un problema histórico en el país, que impacta en la calidad educativa y que, aunque hubo planes en el pasado, ninguna administración pudo resolver por el costo político que implica transformar los más de 1.300 profesorados que hay en toda la Argentina.

El ministro Nicolás Trotta afirma que este es el momento de avanzar, por el contexto de pandemia que “revalorizó la escuela”. Dice que lo hará “construyendo consensos” con las provincias y los “actores del sistema educativo”; y con el “acompañamiento” del financiamiento por parte del Estado nacional.

Pero otras veces desconfían: piden participar en el diseño de la ley, reclaman al menos un borrador y advierten que los cambios que se requieren son de fondo y que no se trata sólo de incrementar aún más la oferta de profesorados.

Algunas cifras dan una idea de la magnitud del problema. Con 34 profesorados por cada millón de habitantes, la Argentina es hoy uno de los países con más institutos de formación docente por persona, de acuerdo a datos del Observatorio Argentinos por la Educación. Más del 60% de esta oferta es estatal y están a cargo de las provincias, quienes pagan los salarios. Sin embargo, a pesar del esfuerzo económico que todas ellas hacen, los resultados no siempre acompañan desde lo educativo.

Hay un problema de eficacia. En promedio, más del 55% de los alumnos abandona en el primer año y un 19% deja en el segundo. La mitad de los institutos tiene menos de 250 estudiantes y un 25% menos de 100, con comisiones muy reducidas en los últimos años. En esto se señala las dificultades con la que llegan los alumnos desde el secundario. 

También hay un problema de calidad. Pocos profesorados se especializan en áreas prioritarias como ciencias duras o idiomas No hay examen final de acreditación, y hay consenso entre los especialista sobre la baja formación que ofrecen muchos de ellos.

Pero no es solo eso. Además se habla de una falta de coordinación de semejante sistema expandido por todo el país. Más que a un planeamiento educativo, los institutos responden -muchas veces- a las necesidad de algunos legisladores o intendentes de crear ofertas educativas que atiendan la demanda de los jóvenes de seguir estudios superiores sin los costos de trasladarse a otro lugar.

Hay mucha resistencia al cambio y, para evitar costos políticos, todo queda como está.

El proyecto oficial

Frente a este panorama, el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley con el que -dicen- buscarán mejorar la formación docente en todo el país. Bajo la coordinación de María Inés Vollmer -titular del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) -, la ley de “formación y carrera docente” ya está redactada. En estos momentos están terminando de definir los últimos detalles. La intención es presentarla al Congreso a finales de julio.

La idea del Gobierno es “reconvertir” los institutos: mejorar la formación docente que brindan y, además, transformarlos en “institutos tecnológicos”, que capaciten a los jóvenes para encontrar otros tipos de trabajo. El borrador estará listo a fin de mes.

“Buscamos que todos los institutos converjan en una realidad de cierto umbral de calidad en la formación de nuestros maestros. Y eso no lo vamos a dejar librado a cada instituto. Queremos marcar un horizonte, con acompañamiento del Estado nacional en cuanto al financiamiento”, dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta.

“Sabemos que va a implicar alguna tensión. Pero no podemos dar la discusión de la calidad educativa si no avanzamos en un debate en el Congreso Nacional que incluya nuevos derechos y obligaciones”, agregó Trotta, quien dice que este tema ya lo viene conversando con los sindicatos docentes.

Trotta, en tanto, habla de jerarquizar la profesión docente, pasando los profesorados al ámbito de la educación superior. También dice que los cambios serán acompañados por “un marco salarial que sea un reflejo de la trascendencia que le queremos dar a nuestra escuelas”.

“Si pretendemos una escuela robusta, con capacidad de respuesta, tenemos que trabajar con los maestros en su jerarquización en el rol social que tienen, y eso va de la mano de la formación, del acompañamiento de una carrera profesional a lo largo toda su trayectoria, pero también en la dimensión del salario”, afirma.

Sala de 3 obligatoria, otra deuda pendiente

Entre los especialistas también hay consenso sobre la necesidad de fortalecer la educación inicial en el país. Todas las investigaciones muestran que los estudiantes que pasaron más años en jardín de infantes obtienen luego mejores resultados en su trayectoria educativa y en su vida adulta en general. Además, es una de las políticas más igualitarias que existe. Hoy, los chicos pobres, de las provincias con menos recursos, son los que menos acceso tienen a una sala de 3 de calidad. En todo caso, van a centros de cuidados que no forman parte de un programa educativo.

Otra forma de ver las desigualdades para los chicos -pero también para los padres- es a partir del tipo de oferta de jardín de infantes que hay en el país. El inicial es hoy el nivel educativo más “privatizado”: uno de cada tres chicos que va al jardín lo hace en uno privado. Para los especialistas, el principal motivo de esa “privatización” no es la oferta pedagógica ni alguna otra consideración, sino la falta de suficiente oferta estatal.

Son muchas las voces que señalan la necesidad de que la sala de 3 sea obligatoria por ley. Esto no hará magia -afirman-, no logrará que al instante todos los chicos de 3 años tengan escolaridad de calidad. Pero condiciona al Estado para que inviertan en la construcción de jardines y en los salarios para los profesionales. La sala de 5 es obligatoria desde 1993 y ahora está casi universalizada en el país. La sala de 4 se hizo obligatoria en 2014 y a partir de entonces se expandió en forma sostenida.